Turquía blinda a sus servicios secretos

Blanca López Arangüena- Estambul / 18 febrero 2012

El gobierno turco ha conseguido aprobar este viernes la ley que evita que los servicios secretos tengan que testificar ante un tribunal penal. Se trata, de una nueva victoria del gobierno islamista que dirige Recep Tayyip Erdogan, y que va a reforzar su poder ya que, según la nueva ley, tan solo él puede autorizar las declaraciones de los funcionarios de los servicios secretos turcos (MIT).

266 diputados votaron a del texto  frente a 63 que lo hicieron en contra. Ayer, tras su aprobación por la cortes, fue ratificado por el Presidente Abdullah Gül, a pesar de que por ley, disponía de 15 días para revisarlo y proponer cambios si así lo deseara.

La nueva ley establece que los empleados del MIT y aquellos funcionarios a los que el Primer Ministro les asigne “tareas especiales”, “no podrán ser procesados por los delitos que se deriven de la naturaleza de sus funciones sin el permiso de este [el Primer Ministro]”.

El proyecto de ley se presentó de urgencia esta semana después de que cinco altos funcionarios del servicio de inteligencia turcos incluidos el jefe del espionaje actual, Hakan Fidan, fueron llamados a testificar en una investigación en curso de los rebeldes kurdos. Según el escrito de la Fiscalía, los agentes se habrían extralimitado en sus funciones al reunirse en secreto con miembros del PKK en la ciudad de Oslo durante el mes de mayo del año pasad para negociar un proceso de paz. Fue el el propio  Erdogan, el que autorizó este encuentro y por tanto sería el responsable último de probarse las acusaciones.

La nueva normativa impide que la polémica le explote en las manos y también crea, según el principal partido de la oposición (CHP), “banda especial de intocables”. “Ni Hitler ni Mussolini tenían tales poderes en su parlamento” aseguraba el viernes un diputado de este partido durante el debate en el Parlamento.

Pero las críticas van más allá de la arena política, ya que muchos analistas y profesores universitarios critican que la ley, que otorga poderes especiales al gobierno, supone un durisimo golpe al estado de derecho turco.

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